El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) ha hecho público esta semana su Informe de Ataques a la Libertad Religiosa en España 2025, y la cifra que arroja no admite matices: 306 casos documentados, la más alta desde que el Observatorio comenzó a elaborar este informe en 2012. Es un 26% más que en 2024 y más del doble que en 2023. Detrás de cada uno de esos casos —una agresión, una pintada en una iglesia, una burla pública a un credo, un insulto a quien reza— hay una misma pregunta de fondo: ¿qué lugar ocupa hoy, en España, el derecho a creer y a practicar esa creencia sin miedo?
Conviene partir de ahí, del derecho, antes que de la cifra. La libertad religiosa no es una reivindicación de una confesión frente a otra, sino un derecho humano que ampara por igual al católico que va a misa, al judío que enciende las velas del sabbat, al musulmán que reza en su mezquita o a quien no cree en nada. Que el informe del OLRC constate un máximo histórico de ataques no es, por tanto, una mala noticia solo para los creyentes: es una mala noticia para la calidad democrática de un país que se define, con razón, como plural.
Los cristianos, dos de cada tres víctimas
De los 306 casos registrados, 212 tuvieron como objetivo a cristianos: prácticamente dos de cada tres ataques documentados en España durante 2025. Los católicos concentran la mayoría, con 173 casos —el 56,5% del total—, a los que se suman 33 ataques contra cristianos en general, cinco contra evangélicos y uno contra cristianos ortodoxos. El llamado «laicismo beligerante» (60 casos) y el escarnio a la religión (40 casos) son, según el Observatorio, las formas más frecuentes de esta hostilidad.
No son cifras abstractas. Detrás están personas concretas: alguien que ve profanado el templo al que acude cada domingo, alguien que es objeto de burla pública por su fe. Cuando esto ocurre de forma reiterada, deja de ser un incidente aislado y empieza a describir un clima.
Un antisemitismo que crece de forma alarmante
El informe pone también el foco en la comunidad judía, que con 40 casos —el 13% del total— aparece en segundo lugar. El dato que más debería inquietar no es tanto el porcentaje como su evolución: los ataques contra los judíos se han multiplicado por 13 desde 2022. Es una tendencia que España no puede mirar con distancia, ni por su gravedad ni por su historia. El Observatorio subraya, además, que este crecimiento se produce sobre una comunidad judía numéricamente muy reducida en el país, lo que hace aún más visible la magnitud del fenómeno.
A ellos se suman los 26 ataques documentados contra musulmanes y los 11 dirigidos contra testigos de Jehová, además de 17 casos que el informe clasifica como dirigidos contra todas las confesiones por igual. La lectura conjunta de estos datos deja una conclusión incómoda pero necesaria: la intolerancia religiosa en España no distingue de credo. Se ensaña, eso sí, de manera desigual, pero alcanza a comunidades muy distintas entre sí. Y frente a eso, la respuesta no puede ser competir por ver quién sufre más, sino reconocer que la libertad religiosa se defiende para todos o no se defiende en realidad para nadie.
De la vejación a la violencia física
El informe distingue también por gravedad. Los seis casos de violencia física contra creyentes registrados en 2025 —la misma cifra que en 2024— son, en términos absolutos, un número reducido dentro del total. Pero como ha señalado la presidenta del OLRC, María García, «un solo caso de agresión física a una persona por razón de su fe» debería bastar para que las instituciones actúen con contundencia. La proporción no puede ser el criterio con el que se mide la tolerancia hacia la violencia motivada por el odio religioso.
Más preocupante, por su magnitud, es el crecimiento de las otras categorías: 73 ataques contra lugares de culto y símbolos religiosos (un 59% más que en 2024), 50 casos de vejaciones a creyentes (un 67% más) y 72 de escarnio a la religión (un 7% más). Son formas de hostilidad que no siempre llegan a los titulares, pero que erosionan, incidente a incidente, la sensación de poder vivir la fe con normalidad en el espacio público.
Responsabilidad institucional, no trinchera política
El informe atribuye 105 de los 306 casos a representantes políticos o formaciones parlamentarias —cerca de un tercio del total—, con 31 vinculados al PSOE, 26 a Sumar y 18 a Podemos. El Observatorio califica como una «grave responsabilidad institucional» que las dos formaciones que integran el Gobierno figuren entre las que acumulan más casos.
Es un dato que merece leerse con la misma serenidad con la que se lee el resto del informe, sin convertirlo en munición para el enfrentamiento partidista. Lo que estos casos ponen sobre la mesa no es un problema de un partido contra otro, sino una pregunta que atraviesa a toda la vida pública española: si quienes ejercen representación institucional entienden que las creencias religiosas de los ciudadanos —sean cuales sean— merecen el mismo respeto que cualquier otra convicción. Exigir ese respeto no es pedir un trato de favor para los creyentes, sino pedir coherencia con el propio marco constitucional, que reconoce la libertad religiosa como un derecho fundamental. Y esa exigencia, para ser creíble, tiene que poder dirigirse a cualquier signo político, sin excepción.
Lo que este informe nos recuerda
Datos como los del OLRC pueden leerse de dos maneras. Se puede leer como una crónica de agravios, un recuento de quién ataca a quién, útil solo para alimentar la indignación de un bando frente a otro. O se puede leer, con más provecho, como el diagnóstico de una convivencia que necesita repararse: menos escarnio, menos vejación, más espacio para que cada persona —cristiana, judía, musulmana, de cualquier fe o de ninguna— pueda vivir sus convicciones sin temor. Esa segunda lectura es la que exige diálogo antes que trinchera, y memoria de lo compartido antes que cuenta de agravios.
Es exactamente la intuición que llevó a San Juan de Mata, en 1198, a fundar la Orden Trinitaria para liberar a quienes eran esclavos a causa de su fe: no combatiendo a quienes los esclavizaban, sino ejerciendo la caridad redentora. «Gloria a la Trinidad y a los esclavos libertad» sigue siendo, más de ocho siglos después, una manera de responder a la intolerancia religiosa que no necesita enemigos, solo voluntad de liberar.
Hoy, esa misma vocación se actualiza a través de Solidaridad Internacional Trinitaria (SIT), que acoge los anhelos de libertad y los gritos de esperanza de cuantos sufren discriminación o persecución por su fe, dentro y fuera de España, prestando un servicio de misericordia. Se puede colaborar con el SIT orando —el gesto más importante de todos—, y difundiendo estas realidades para que no queden en el silencio.
Porque un informe como este no debería servir para señalar culpables, sino para recordar algo mucho más sencillo: que la libertad de creer, allí donde se recorta, se defiende mejor con la palabra, la oración y el encuentro que con la confrontación.
